Perder el celular es, generalmente, un drama personal y económico,
y cuando se trata de un robo, puede suponer además un riesgo físico para su
propietario, al que los políticos de EU quieren proteger con polémicas leyes
que conviertan los dispositivos sustraídos en cacharros inservibles.
Los hurtos de telefonía han adquirido la dimensión de
problema social en EU donde estas actividades ilícitas cuestan al consumidor
30.000 millones de dólares al año, según la Comisión Federal
de Comunicaciones (FCC), y suponen un lucrativo negocio para las mafias.
Las autoridades, tanto a nivel local como nacional, exigen
medidas contundentes a fabricantes y empresas de telecomunicaciones que se
resisten a dejar que los legisladores dicten las especificaciones técnicas de
sus productos.
La presión de los representantes públicos se ha incrementado
en los últimos meses hasta el punto de que el fiscal del distrito en San
Francisco, George Gascón, y el jefe de Policía de Los Ángeles, Charles Beck,
han llegado a cuestionar la buena fe del sector.
"Proveedores de telefonía y fabricantes hacen miles de
millones de dólares reemplazando celulares robados. También ganan dinero
vendiendo seguros. Los beneficios no deberían guiar decisiones que tienen
consecuencias de vida o muerte", aseguraron ambos en un artículo de
opinión que firmaron esta semana en Los Angeles Times.
En febrero, varios senadores presentaron en Washington un
anteproyecto de ley llamado 'Smartphone Theft Prevention Act' para obligar a
que todos los teléfonos inteligentes que se vendan en EU estén equipados por
defecto con una función que solo el dueño pueda activar para terminar con la
vida útil de su dispositivo y que funcione de forma remota en todo el mundo.
Ese mecanismo, bautizado como 'Kill Switch', se planteó también
a nivel estatal en Minnesota y en California, donde la iniciativa apoyada por
Beck y Gascón fue rechazada esta semana en una votación muy ajustada en
Sacramento, muy cerca de Silicon Valley.
Regulación excesiva.
Los opositores consideraron la propuesta una regulación
excesiva por coartar la libertad de elección del consumidor que ya actualmente
tiene a su disposición diferentes aplicaciones para asegurar que, en caso de pérdida o robo, pueda localizar
su teléfono y eliminar todos los datos a distancia ('Find My iPhone' de Apple,
es un ejemplo).
Ese es uno de los argumentos utilizados por la organización
CTIA, una asociación internacional que defiende los intereses de empresas del
sector de la tecnología wireless que aglutina a gigantes de las
telecomunicaciones y productores de dispositivos.
Para el analista Ramón T. Llamas, de la consultora IDC, el
concepto de 'Kill Switch' es "una buena idea", pero le inquieta que
en la práctica pueda acarrear otros problemas al usuario que anule ese sistema
por equivocación, si bien la ley prevé que se establezca un mecanismo para
"resucitar" el aparato en ese caso.
Tanto Verizon Wireless como AT&T, principales
proveedores de red móvil en EU, remitieron las resoluciones adoptadas por CTIA
sobre este asunto, entre las que está el pacto de autorregulación anunciado el
15 de abril llamado 'Smartphone Anti-Theft Voluntary Commitment'.
Se trata de un compromiso sectorial para que todos los
nuevos modelos de teléfonos inteligentes fabricados después de julio de 2015
para su comercialización en EU incorporen una herramienta antirrobo o la
ofrezcan para su descarga.
Esa declaración de intenciones fue firmada por Apple,
Google, Samsung, HTC, Huawei, Motorola, Microsoft, Nokia, Asurion, así como
Verizon, AT&T, T-Mobile, Spring y U.S. Cellular, y sus requerimientos
técnicos se asemejan al 'Kill Switch' exigido por los legisladores, aunque hay
una importante diferencia.
La motivación detrás de la ley es desanimar a los ladrones
de hardware al estandarizar un sistema que inutilice los teléfonos. Esto solo
es posible si funciona en todos los casos. Las empresas prometen una
herramienta con un carácter más opcional. Un criminal no sabrá, hasta que
comete el hurto, si el dispositivo está o no protegido.
Los incentivos para el delincuente son elevados. Modelos de
iPhone de última generación sustraídos en EU., donde el terminal más caro
cuesta 849 dólares (614 euros), pueden alcanzar los 2.000 dólares en Hong Kong,
como constató una operación contra una red asiática de comercio de
"smartphones" robados desmantelada el año pasado en California.
"Hasta los
cárteles de la droga colombianos trafican con ellos", declaró Beck.
Un informe del 18 de abril de la organización del consumidor
estadounidense Consumer Reports señaló que el número de hurtos de teléfonos
inteligentes en el país en 2013 fue "cerca del doble" que en 2012, un
total de 3,1 millones de unidades.
Nueva Ley Polémica Contra los Robos de Celulares, Que EE.UU Quiere poner en Marcha